Desde muchos ámbitos sociales se ha repetido, con justificada
seguridad, que los padres son los primeros y principales
educadores de sus hijos. En la situación actual parece que esto no
está claro, ni en la teoría ni en la práctica, entre los padres ni
entre los poderes públicos.
El derecho de los padres a educar a sus hijos, que tiene su
fundamento en el derecho natural, es esencial porque son ellos los
que les han transmitido la vida. Además, los hijos son
dependientes de sus padres en su desarrollo, no sólo en el
sustento y los cuidados físicos, sino también en la adquisición de
los primeros hábitos de autonomía personal que tiene lugar en la
intimidad de la familia, verdadera comunidad de amor.
El papel de los padres en el desarrollo emocional del chico es
fundamental en los primeros años y las carencias afectivas son una
de las causas más importantes del fracaso escolar.
La educación de los hijos, además de un derecho, es un deber de
los padres por haberlos traído al mundo y nadie puede eximirlos de
esa responsabilidad.
El derecho-deber de los padres es primario y original respecto a
las demás personas e instituciones que participan en la educación.
Por haber dado la vida a sus hijos, los padres contraen la
obligación de educarlos y esta obligación debe ser reconocida por
todos.
En tercer lugar, el derecho-deber de educar es insustituible e
inalienable. Los colegios son entidades colaboradoras en la labor
educativa pero nunca pueden sustituir a los padres en esta
responsabilidad. No tienen sentido algunos comentarios de los
padres como éstos: “Yo no sé educar a los hijos, no me han formado
para ello, que los eduquen en el colegio”, etc. Los padres no
pueden delegar totalmente su obligación de educar a sus hijos
porque el papel de la familia es insustituible.
En la historia ha habido tentativas por parte de estados
totalitarios, de separar a los hijos de sus familias y
responsabilizarse totalmente de la formación e instrucción de los
niños. Estas tentativas han sido siempre un fracaso.
En la colaboración entre las familias y las instituciones
educativas hay que tener siempre presente que el derecho-deber de
educar a sus hijos es esencial, primario e insustituible.
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